Esta carta plasma el compromiso para el desarrollo de iniciativas locales en apoyo del Programa 21. Los municipios firmantes la adoptan como declaración de intenciones a concretar en un modelo de gestión a largo plazo, basado en la implicación de los distintos agentes locales y el fomento de la participación ciudadana en el diseño y la ejecución de un modelo de desarrollo basado en los pilares de la sostenibilidad.

La efeméride podría haber pasado desapercibida, de no ser por que, precisamente hoy, les he presentado el documento (tal y como fue aprobado) a los alumnos del curso de Gestión de Programas de Turismo Rural. El observador Gustavo nos ha llamado la atención sobre la curiosa coincidencia. Su ojo crítico también nos ha hecho notar que de las 1195 ciudades y municipios españoles que han adquirido este compromiso con la sostenibilidad ninguna está entre las 50 más ecológicas de un estudio publicado ayer.

La Oficina Técnica de Agenda 21 Local de la Comunidad de Madrid publica informes periódicos sobre el estado de la cuestión en la región. También dispone de una recopilación de documentación sobre Agenda 21, que puede ser un buen comienzo para aquellos a los que en estos 16 años nunca habían oído hablar de la Carta de Aalborg. A la vista de los pobres resultados de participación no son pocos.

“El 82% de los residuos son recogidos selectivamente mediante este sistema; el grado de pureza de las fracciones recogidas es muy alto habiendo solo un 1%-2% de impropios para la orgánica y un 5%-10% para los envases ligeros. Por otro lado, el 77% de los ciudadanos se ha adaptado bien a la recogida “puerta a puerta”. Tan sólo el 12% manifiesta problemas mientras que el 68% de la población apoya este sistema de recogida.”

Entre otros, los quebraderos de cabeza de los agentes implicados en la gestión de residuos, en particular en los procesos de recogida y tratamiento, están en justificar la escasa participación ciudadana y mejorar las tasas de reciclaje al final del proceso. Y aquí este sistema también parece dar buenos resultados:

“Tras el éxito del puerta a puerta, cada vez más vecinos de la zona se preguntan la necesidad de una incineradora, ya que si se están alcanzando tasas de reciclaje del 82% (frente al 28% que logra la media del resto de localidades), la incineración no parece la solución más acertada.”

Lo más interesante de este caso es la forma de afrontar el dilema complejo de qué hacer con los residuos. A pesar de lo previsto en los convenios internacionales, con su correspondiente reflejo en la normativa nacional, las posibilidades de participación ciudadana y de planteamiento de alternativas distintas a las fomentadas desde el poder político son bastante limitadas. Incluso se suelen llevar al conflicto, tipificando como “efecto NYMBY”, no el rechazo a las consecuencias de una solución inevitable, si no cualquier alternativa posible a decisiones que no siempre maximizan el beneficio global.

A ver si cunde el ejemplo y los responsables políticos que se oponen a la instalación del almacenamiento temporal centralizado se animan a fomentar la autosuficiencia energética de los vecinos que habitan en los territorios que gobiernan. Lo mismo descubríamos que es posible reducir la necesidad de centrales nucleares, la producción de residuos radiactivos de alta actividad y aligerar la carga económica que su pone calentar e iluminar los hogares de los votantes.

Por medio de la Resolución de 4 de diciembre de 2009, del Director General del Medio Ambiente, se somete a los trámites de audiencia a los interesados y de información pública la declaración del lugar de importancia comunitaria “Cuencas de los ríos Alberche y Cofio” como zona especial de conservación, así como el Plan de Gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000 denominado “Cuencas y Encinares de los Ríos Alberche y Cofio”

Vía: Boletín de Información Ambiental.

“se han dado muchos casos en que todas las administraciones, central, autonómicas y locales han sido responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas”

El Informe y la Resolución suponen un interesante tirón de orejas, a cuenta de la corrupción y la especulación urbanística, en relación a la forma que tenemos de hacer las cosas. Admiten muchas lecturas, desde el punto de vista de la información y la participación pública en materia de medio ambiente, en la Resolución se:

“Pide a las autoridades españolas que desarrollen una cultura de la transparencia dirigida a informar a los ciudadanos sobre la gestión del suelo y a impulsar mecanismos de información y participación ciudadana efectivos”

“Considera necesario que el acceso a la información y la participación ciudadana en el proceso urbanístico se garanticen desde el inicio del mismo, facilitando información medioambiental a los ciudadanos, de forma clara, sencilla y comprensible”

“Recuerda que la Directiva de evaluación de impacto ambiental y la Directiva de evaluación ambiental estratégica imponen la obligación de consulta al público implicado en la fase de establecimiento y elaboración de los planes, y no -como tan a menudo ocurre en los casos en que se llama la atención de la Comisión de Peticiones- una vez la autoridad local ha acordado los planes de facto; recuerda, en el mismo contexto, que cualquier modificación sustancial efectuada en los planes existentes debe también respetar este procedimiento y que los planes deben ser actuales, estadísticamente precisos y estar actualizados”

Otro apartado interesante es el relativo a la forma patria de entender el “interés general”:

“Considera igualmente que no se ha acotado en la legislación urbanística en vigor, ni por las autoridades competentes, la definición de “interés general”, amparándose en este concepto la aprobación de proyectos insostenibles, desde un punto de vista medioambiental, obviándose en algunos casos evaluaciones de impacto medioambiental e informes de la correspondiente Confederación Hidrográfica con carácter negativo”

“Insta una vez más a las autoridades locales a que consulten a sus ciudadanos y les hagan partícipes en los proyectos de desarrollo urbanístico, con objeto de fomentar un desarrollo justo, transparente y sostenible en los casos necesarios, en el interés de las comunidades locales y no en el exclusivo interés de los promotores, inmobiliarias y otros intereses creados”

Gracias a informes como este emergen las consecuencias de obviar los incentivos perversos que pervierten nuestro sistema para la toma de decisiones. Desde mi punto de vista, se hace evidente que la falta de información y participación públicas en el proceso urbanizador, son causa directa de la falta de un tratamiento adecuado, por parte de la Administración, de los aspectos ambientales, sociales y económicos. Los requisitos contemplados en la legislación en lo relativo a información y participación no son un capricho gratuíto. Deberían ser el garante de que la planificación pública responde al interés general.

“El dictamen, que la Junta estudia convertir en ley, ha sido elaborado por la consultora de urbanismo Cotesa, que cobró 165.420 euros de la comunidad por el trabajo y que ayer no quiso comentar la aparición, sin citar la fuente, de párrafos idénticos a los que se pueden encontrar en la Red.”

Nada nuevo bajo el sol. No creo que sea grave utilizar trabajos preexistentes para elaborar unas Directrices de Ordenación del Territorio o su informe de sostenibilidad ambiental. Lo preocupante es que no se citen las fuentes y que estas no se seleccionen con un criterio adecuado. Incluso podría ser deseable que el trabajo consistiese en revisión bibliográfica, incluyendo aportaciones innovadoras de frescos trabajos académicos.

La liebre ha saltado durante el periodo de exposición pública del documento, por lo que me reafirmo en mi creencia sobre el beneficio que aportan, tanto para la protección del medio ambiente como para la profesionalización del sector ambiental, la posibilidad de acceso a la información ambiental y los procesos de participación pública. Y aprovecho la ocasión para seguir reivindicando el uso de licencias creative commons, o similares, en estudios ambientales destinados a procedimientos administrativos, especialmente de evaluación ambiental, tanto para facilitar su deseable consulta y reutilización como para indicar la forma en que deberían citarse:

“La Junta anunció ayer que procedía “inmediatamente a rescindir el contrato con Cotesa” y consideró “inadmisible” su actuación. La tramitación de las directrices queda suspendida hasta que la Junta decida cómo salir de esta. Fuentes próximas al caso consideran que con este informe los trámites son inviables y eso puede suponer el tiro de gracia para la estación de esquí de San Glorio, que el Tribunal de Castilla y León tumbó en 2008 por carecer de respaldo científico y que se vuelven a quedar sin aval técnico.”

“…sacó a exposición pública un documento que incluye notas al margen de los autores. En la página 177, uno de ellos apunta: “Completar. Carlos se te ocurre cómo. No me gustaría copiar de la web”. Al final copió los siguientes párrafos. El informe incluye extractos hasta de la web El Rincón del Vago, entre otros muchos plagios.”

La cuestión plantea otros interesantes debates:

“Tira a la basura los dos años de trámites que Cotesa había iniciado y no es para menos. Tras el corta y pega descubierto, cualquier gestión queda en cuarentena. La pregunta ahora es si esto se habría evitado si en lugar de recurrir a una consultora externa hubieran sido los técnicos de la administración los encargados de hacer el trabajo. Todo estaría más controlado.”

No digo que un buen estudio, tomando en serio el impacto ambiental de la actuación, hubiese conseguido mostrar como admisible la estación de esquí. Al menos, hubiese evitado la polémica sobre la forma en que los políticos muestran su sensibilidad por el entorno natural y el modo en la que realizan una propuesta normativa de ordenación del territorio.

Reutilizar: 1. tr. Utilizar algo, bien con la función que desempeñaba anteriormente o con otros fines.

Estos días el debate en la red se ocupa, sin dejar de lado otras polémicas, de la reutilización de la información pública. Alorza, que me enlaza por leer su aproximación como ciudadano hacker a la reutilización de la información, nos ha regalado una presentación que nos lleva de lleno al centro de la cuestión: las cervezas.

“Parece ser que los sumerios inventaron, hace unos 4000 años, la cerveza y la escritura. Me gusta pensar que fue en ese orden y con una relación causa-efecto. En todo caso, los sumerios fueron los primeros que sintieron la necesidad de gestionar la información.”

Hasta el próximo día 22 de abril está abierta la consulta pública del “Manual Práctico de reutilización de información”. El documento nace a modo de guía para la aplicación de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Esta Ley 37/2007, tiene por objeto la regulación básica del régimen jurídico aplicable a la reutilización de los documentos elaborados o custodiados por las Administraciones y organismos del sector público.

No se si una norma como esta aporta algo nuevo a un marco normativo en el que, entre la Constitución Española y la normativa sobre procedimiento administrativo, los ciudadanos deberíamos ser capaces de acceder a esa información que ahora, legalmente hablando, podremos reutilizar. Sí resulta ilusionante el enfoque que se está dando al asunto en lo que se refiere a las relaciones de las Administraciones Públicas con la Sociedad de la Información.

Barriendo para casa, las implicaciones en el ámbito ambiental de esta norma me tienen expectante. La aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, citada en el documento objeto de consulta, es otro de los ejemplos de norma que, por sí misma, no consiguen mejoras en lo que a participación ciudadana se refiere.

Al final se trata de conseguir que las discusiones alrededor de las cañas nos lleven a arreglar las asimetrías del mundo y no nos tengan ocupados en el ejercicio de discutir por discutir, con argumentos que no se sostienen por falta de información veraz y trazable. Así pues, por poco que sea lo que individualmente podamos aportar, os animo a tomar parte activa en la consulta, también en blogs en los que se debate la cuestión (entre otros):

• Administraciones en Red
• Iurismatica – Derecho TICs
• Legalsolo.com

“El 60% de los residuos sólidos urbanos que generó España en 2007 acabó en un vertedero”.

La gestión de residuos es un asunto tan complejo como apasionante, por eso interpretar los datos requiere poner un poco de atención.

Lo primero que podríamos cuestionar es, precisamente, los datos. ¿De dónde salen? ¿Cómo se calculan? Es relativamente sencillo encontrar cifras distintas para el mismo dato publicado por distintas fuentes. Un estudio bibliográfico nos permitiría ver la evolución de la tasa de generación de residuos, no sólo a lo largo del tiempo, también para un mismo año y territorio en diversas publicaciones. A partir de aquí cualquier afirmación sobre los datos hay que cogerla con pinzas. Vamos a lo que publica la prensa:

“A estos datos, publicados a principios de marzo por la oficina estadística de la UE (Eurostat), hay que añadir los del Plan Nacional Integrado de Residuos del Ministerio de Medio Ambiente, donde se advierte de que apenas el 14% de los residuos urbanos se arroja al contenedor apropiado.
El 86% restante se traslada, en teoría, a plantas clasificadoras, lo que demuestra que la separación en origen no funciona, pese a que los ciudadanos están concienciados con el reciclaje. O eso afirman. Según una encuesta efectuada en 2008 por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 95,5% de los españoles separa los residuos en su casa.”

En teoría, el 100% de los residuos depositados en un contenedor tiene que recibir algún tipo de tratamiento antes de llegar a vertedero. Esta separación 14 / 86 encierra alguna verdad a medias: el lugar al que lleven los camiones de recogida nuestra basura no dice nada de cómo la hemos depositado. Sin saber más sobre los datos, para manejarlos con propiedad bien estamos hablaríamos de un 14% de residuos que no entran en el sistema de recogida selectiva (no se depositan en contenedores), bien de que sólo el 86% de los residuos generados recibe tratamiento. En cualquier caso, concluir que la separación en origen no funciona, resulta algo precipitado.

Efectivamente, en un sistema basado en la recogida selectiva de residuos, un paso crítico pudiera ser depositar los residuos en los contenedores adecuados. Y si se detecta que esto no ocurre tenemos dos opciones, culpar a los ciudadanos o hacernos preguntas. Yo me planteo seriamente ¿por qué si el volumen que ocupan los envases en mi domicilio es más de la mitad del total de los residuos generados, cuando salgo a la calle encuentro un contenedor amarillo por cada tres de fracción “resto”?

“Y ni siquiera todo lo que se arroja en España a dichos contenedores es apto para el reciclaje: en los contenedores amarillos se tira un 25% de impropios (es decir, basura que debería ir por otro cauce), según la industria.”

Impropios… bonito palabro ¿qué es impropio? Básicamente, si tienes una botella de plástico y una rueda de un triciclo del mismo material, en el contenedor amarillo la rueda del triciclo será considerada impropio. ¿Por qué? Es una buena pregunta si nos planteamos que el reciclaje, técnicamente hablando, se fundamenta en las propiedades físico químicas de los materiales. La respuesta la encontramos en el aspecto monetario del asunto. El fabricante de la botella de plástico pagó un canon porque lo suyo era un envase, mientras que el de la rueda del triciclo no pagó ese canon. Y claro parece que los representantes de los fabricantes de envases no quieren reconocer como propios los residuos de otros.

De todos modos, ¿por qué las estadísticas publicadas en la prensa consideran impropios distintos residuos de productos del mismo material depositadas en el mismo contendor? La economía funciona a base de incentivos perversos, que afloran especialmente cuando la gestión de servicios públicos en infraestructuras construidas sobre la base del interés general se dejan en manos privadas. Pero esto también merece otro capítulo más detallado.

“En todo caso, y ante la duda, es preferible acudir a los puntos limpios que los ayuntamientos tienen habilitados para recuperar los residuos menos habituales, como baterías, fluorescentes, medicamentos, textil, madera, etcétera. O tirarlo al contenedor gris ya que, en principio, su contenido pasará por una planta clasificadora.”

Antes de comentar este punto conviene aclarar que los fabricantes de envases tienen un peso específico muy importante en la toma de decisiones en materia de residuos, especialmente en lo que al contenedor amarillo se refiere.

Siempre en teoría, los contenedores amarillos van a plantas destinadas a recuperar materiales como plásticos, metales… mientras que el otro contenedor, “el gris”, va a plantas destinadas a recuperar materia orgánica. Si tiras cualquier cosa en el contenedor gris puedes estar contaminando irreversiblemente el abono que se obtendría de la gestión, ecológicamente más adecuada, de la fracción orgánica de tus residuos. Pero eso a la prensa parece no importarle mucho: seguramente será motivo de bonitos y jugosos titulares en unos años.

“En las empresas que gestionan los residuos y en el Ministerio de Medio Ambiente se agarran a la evolución positiva de los datos para afirmar que las cosas se hacen bien si se tiene en cuenta que España se sumó al tren del reciclado bastante tarde, en 1997. Sin embargo, organizaciones ecologistas ven la realidad de otra manera. Desde Ecologistas en Acción se apunta a las Administraciones regionales y locales como responsables de los fallos del sistema y diferencian aquellas que sí presentan políticas proactivas para la gestión de residuos”.

Dime lo que valoras y te diré lo que mido. Supongo que los agentes privados que gestionan los residuos pueden justificar su trabajo de cara a Administración, pero ¿podemos encontrar datos trazables que nos indiquen cómo estamos en relación a los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de residuos? Me parece curioso lo fácil que es encontrar los planes de gestión de las distintas Administraciones con sus ambiciosos objetivos y sus atractivas dotaciones presupuestarias pero ¿dónde están los resultados y su análisis objetivo?

Volviendo atrás en el artículo leemos:

“La OCU asegura que sabemos dónde tirar un envase de vidrio, de papel o de plástico, pero cuando el residuo es otro, parece no estar tan claro: ¿dónde arrojamos un aerosol, una pila, un vaso roto o una bombilla fundida? El problema al que se enfrenta el ciudadano a la hora de separar su basura es el desconocimiento.”

Por triste que parezca, no es que el ciudadano no sepa separar su basura: en muchos casos no existe la posibilidad real de hacerlo.

Supongo que los que depositamos la basura cuando los contenedores están vacíos podemos elegir dónde colocar nuestras bolsas, pero ¿qué ocurre cuando uno acude a dejar sus residuos y el contenedor amarillo está lleno?

¿Han probado a llevar algo “raro” a un punto limpio? En algunos intentar depositar un CD o una cinta de cassette es todo un drama. De las radiografías o del delicado asunto de los medicamentos caducados mejor no hablamos.

Por otro lado, la práctica evidencia que no la separación domiciliaria no es imprescindible para el reciclado de los residuos. Países de nuestro entorno económico se han planteado en diversos momentos de su experiencia en gestión de residuos abandonar los sistemas de recogida selectiva, precisamente, por el coste que implica para los ciudadanos. Un coste que puede ser asumido tanto por los fabricantes de productos que con el uso se convierten en residuos (justo como se establece en la normativa vigente), como mediante el uso adecuado de los recursos disponibles en las administraciones públicas competentes en la gestión de residuos. Esto sería tema de una serie completa que iremos desarrollando.

Después de toda esta parrafada, me vas a permitir unas conclusiones, si has llegado hasta aquí lo mismo las estas buscando:

• En general no podemos presumir de disponer de buenos datos en lo que a nuestra gestión de residuos se refiere. La trazabilidad de lo que se publica en diversos informes, incluyendo los “oficiales” es más que cuestionable. Y lo que de aquí salta a la prensa merece una aclaración del estilo “cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.
• Hay muchas formas de interpretar los mismos datos. A la prensa suelen llegar las interpretaciones de los anunciantes y los amigos de los anunciantes, cuyo punto de vista no tiene por qué coincidir con el interés general o con la realidad del común de los ciudadanos.
• Resulta muy significativo que en un artículo de prensa se hable del “contenedor gris” cuando existe un buen número de poblaciones que no tienen ningún contenedor de este color. ¿Se ha preguntado el periodista que publica la noticia cuantos tienen, si quiera, un sistema de recogida selectiva implantado?
• Que el 60% de los residuos generados en España acabe en un vertedero no es culpa de los españoles, de su voluntad o de su nivel de formación en materia de residuos.

Nos queda mucho por hacer en materia de medio ambiente. Cualquier ámbito cotidiano es susceptible de adoptar modelos más sostenibles de hacer las cosas. Por ejemplo, el periodismo y su tratamiento de la información ambiental: es insostenible que el lunes 26 de enero se publique una noticia redactada en estos términos:

“El Gobierno impulsará la reconversión de la industria automovilística española con el objetivo de que adapte su producción hacia tecnologías y vehículos “menos contaminantes o más eficientes”, según consta en el borrador de la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino al que tuvo acceso Europa Press.”

La noticia debería ser algo del estilo:

“Se somete a participación pública el borrador de la Estrategia Española de Movilidad Sostenible. Todos los ciudadanos que lo deseen pueden participar enviándo sus comentarios a estrategiamovilidadsostenible@mma.es desde del día 16 de enero de 2009 al 7 de febrero de 2009. El documento está disponible para su consulta en la wed del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino“

Se nos llena la boca hablando de participación ciudadana, pero no somos capaces de interiorizarla ni de promoverla adecuadamente. Está claro que no puede haber buen gobierno sin buenos ciudadanos. ¿Podemos tener buenos ciudadanos con mal información en los medios de comunicación de masas?

Mientras la información siga siendo un privilegio para unos pocos que hacen negocio, con ella o de ella, estamos condenados a mantener un sistema insostenible de privilegiados que viven a costa del resto. Por eso es necesario que conozcamos que tenemos derecho a la información, por lo menos en materia de medio ambiente.

Es posible que el borrador que se presenta a información pública esté magníficamente redactado, cuidadosamente elaborado por los mejores especialistas en la materia y que no sea posible aportar nada nuevo. Pero no se trata de eso. La información pública y la participación en los procesos de toma de decisiones es un derecho de todos los ciudadanos, porque la democracia no se acaba tras un proceso electoral cada cuatro años. La participación ciudadana debería ser algo más que elegir el horario del taller de papiroflexia organizado por la junta municipal de distrito.

Las notas de prensa son así. Cuando conviene llenar un auditorio o justificar una actuación la prensa siempre acierta a dar los horarios y los detalles para que los ciudadanos hagan cola pacientemente. Pero cuando afecta a la toma de decisiones la transparencia se vuelve un poco más opaca. ¿Miedo a que la frustración de los ciudadanos se canalice a través de alegaciones contra medidas propuestas sin contar con ellos? Justificar una baja participación es bastante fácil. O implica menos riesgos que exponernos a comprobar que nuestros planes y programas sean cuestionados por la ciudadanía.

Sin buena información no se puede ejercer, de forma real y efectiva, el derecho a la participación. ¿Quién vela por nuestro derecho constitucional a una información veraz?

–

La ilustración es de Alberto Montt

“A fin de contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar, cada Parte garantizará los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales de conformidad con las disposiciones de la presente Convención.”

En plenas vacaciones estivales se realizó una primera etapa, cuyo resultado, tal y como se recoge en el borrador, indica que:

“…la participación directa de los ciudadanos en general y de las asociaciones y ONG ha sido limitada en esta primera consulta.”

El borrador resultante de la consulta veraniega, incluyendo la píldora citada, se somete a consulta pública para que se puedan formular las observaciones y comentarios que se estimen oportunos en relación con la forma en la que han cumplido el Convenio las Administraciones públicas afectadas.

Podemos hacer dos lecturas (o más) de la frase. Una sobre lo contento que está todo el mundo sobre la forma en la que se está dando cumplimiento al Convenio de Aarhus. Otra, un poco menos rosa, sería atribuir parte de la “limitada” participación en este proceso se debe al escaso conocimiento que los ciudadanos tenemos del citado Convenio y sus implicaciones.

El profesional de la información ambiental que llevo dentro se siente un poco culpable y le surgen algunas dudas que le parecen razonables. ¿Por qué una consulta sobre el cumplimiento de aquel objetivo tan utópico genera una “participación limitada” por parte de los ciudadanos, sus asociaciones y las ONG? ¿Es necesario revisar los procesos de participación pública? ¿Es accesible a los ciudadanos la información ambiental disponible en Internet? ¿Realmente están garantizados los derechos de acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente?

Si tienes interés en participar ya sabes:

“El plazo para presentar alegaciones u observaciones será de un mes y medio a partir de la fecha de publicación del citado borrador, concluyendo el día 26 enero de 2009, y habrán de enviarse a la dirección de correo electrónico que se indica a continuación: buzon-aarhus@mma.es”

Si estás en la creencia de que esto del acceso a la información y la participación en materia de medio ambiente ni te va ni te viene, te recomendaría dos interesantes lecturas sobre el Convenio de Aarhus y su aplicación práctica son las guías elaboradas por el Gobierno Vasco derecho a conocer y derecho a participar. También está bien la Guía sobre el Acceso a la Justicia Ambiental.

Para ampliar sobre el tema son más que interesantes las presentaciones de la Mesa Redonda Aplicación de la Ley 27/2006 de acceso a la información ambiental.

Puedes escribir a los periódicos, participar en encuestas de internet, despotricar por los foros… o puedes canalizar todo eso a una hoja de papel y presentarla siguiendo procedimiento adminsitrativo común (art. 38). Lo bueno de esta segunda opción es que el Ayuntamiento de Madrid queda obligado a responderte. ¿Cómo lo hacemos?

- Escribe tus alegaciones en un papel (a mano, a máquina o con cualquier procesador de textos) salvo que tengas firma digital o cosas de esas, sigue siendo la manera “formal” de dirigirse a la Administración. No te olvides de incluir tus datos de identificación (nombre, apellidos, DNI) y una dirección postal de contacto. También tendrás que firmar el escrito.

- Con tu escrito y una copia dirígete a una oficina de registro del Ayuntamiento. Allí tienen que cogerte el original y devolverte la copia sellada para que tengas constancia del trámite. También puedes enviarlo por correo, tendrías que ir correos y preguntar como va el “correo administrativo”, la cosa pasa por que te pongan un sello en tu copia que tenga la misma validez que si hubieses ido a una ventanilla de registro del Ayuntamiento.

- Esperar respuesta.

- ¿No contestan? pues te quejas al defensor del pueblo.

¿Qué no te has leído los proyectos de las nuevas ordenanzas? Da igual, tampoco lees los programas electorales y nadie te impide votar. Seguro que se te ocurre algún argumento interesante leyendo las cartas al director de algún periódico de tirada local.

Se trata de participar. Y no es incompatible con apuntarse a los talleres de papiroflexia.