productor de sostenibilidad

25 enero 2010

Línea verde de “copiar y pegar”.

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De un tiempo a esta parte está proliferando el negocio de ambientum.com “La Línea Verde de…”.

“La Línea Verde es una iniciativa del Ayuntamiento de “ponga aquí su nombre” para proporcionar un servicio de consultas medioambientales para las empresas del municipio.”

Soluciones institucionales de copiar y pegar, ideal para municipios “concienciados” con el medio ambiente. Una lista no exhaustiva:

lineaverdesanfernando.com
lineaverdegetafe.com
lineaverdeleganes.com
lineaverdefuenlabrada.com
lineaverdehumanes.com
lineaverdemerida.com
lineaverdealbacete.com
lineaverdetalavera.com
lineaverdeastorga.com

“Un grupo de expertos se pondrán en contacto con usted en un plazo máximo de 24 horas para responder a sus preguntas de manera personalizada, contrastada y fiable, sin coste alguno para las empresas. Cubre diversos ámbitos en materia ambiental: legislación, trámites administrativos, noticias, eventos de interés, ayudas y subvenciones, etc”

Que no está mal que el Ayuntamiento financie consultoría privada a quien no se lo pueda permitir, pero me queda la duda de como encajan esto con el interés general y el procedimiento administrativo. Resultaría gracioso que alguien se estuviese sacando un sobresueldo a la par que deja los vecinos que pagan su salario en la más absoluta indefensión. ¿Es La Línea Verde de… una autoridad ambiental en el sentido de la Ley 27/2006?.

De momento, algunos ayuntamientos estrenan el servicio con mentiras en el blog del alcalde:

“San Fernando se convierte en el primer municipio del Corredor del Henares con un servicio gratuito de consultas medioambientales para vecinos/as y empresarios/as.”

Como si el Ayuntamiento, por ejemplo, de Alcalá de Henares no tuviese resuelto el asunto desde hace tiempo.

Del portal estándar “La Línea Verde de…” me llaman poderosamente la atención los repositorios de documentación y manuales prácticos: guardados bajo clave para que sólo los puedan consultar los privilegiados usuarios de la plataforma municipal ¿Serán los mismos en todos los portales o estarán convenientemente personalizados a cada realidad local? ¿Diferirán mucho de las publicaciones y manuales sobre gestión ambiental que pueblan otros portales institucionales? Seguro que tampoco tienen nada que ver con los ofrecidos en otros directorios de empresas.

En definitiva, un servicio ideal para quien no conozca las preguntas frecuentes en las webs de administraciones públicas, desprecie las publicaciones institucionales de gestión ambiental, o, en general, pase de los recursos públicos de información ambiental.

Curiosidad mal sana ¿qué habrá en la sección de enlaces de “La Línea Verde de…”?

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13 mayo 2009

Copia pega, medio ambiente y San Glorio

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Estos días la prensa nos regala un claro ejemplo de la importancia de la transparencia en los procesos de toma de decisiones. La polémica se refiere a un asunto de copia pega:

“El dictamen, que la Junta estudia convertir en ley, ha sido elaborado por la consultora de urbanismo Cotesa, que cobró 165.420 euros de la comunidad por el trabajo y que ayer no quiso comentar la aparición, sin citar la fuente, de párrafos idénticos a los que se pueden encontrar en la Red.”

Nada nuevo bajo el sol. No creo que sea grave utilizar trabajos preexistentes para elaborar unas Directrices de Ordenación del Territorio o su informe de sostenibilidad ambiental. Lo preocupante es que no se citen las fuentes y que estas no se seleccionen con un criterio adecuado. Incluso podría ser deseable que el trabajo consistiese en revisión bibliográfica, incluyendo aportaciones innovadoras de frescos trabajos académicos.

La liebre ha saltado durante el periodo de exposición pública del documento, por lo que me reafirmo en mi creencia sobre el beneficio que aportan, tanto para la protección del medio ambiente como para la profesionalización del sector ambiental, la posibilidad de acceso a la información ambiental y los procesos de participación pública. Y aprovecho la ocasión para seguir reivindicando el uso de licencias creative commons, o similares, en estudios ambientales destinados a procedimientos administrativos, especialmente de evaluación ambiental, tanto para facilitar su deseable consulta y reutilización como para indicar la forma en que deberían citarse:

“La Junta anunció ayer que procedía “inmediatamente a rescindir el contrato con Cotesa” y consideró “inadmisible” su actuación. La tramitación de las directrices queda suspendida hasta que la Junta decida cómo salir de esta. Fuentes próximas al caso consideran que con este informe los trámites son inviables y eso puede suponer el tiro de gracia para la estación de esquí de San Glorio, que el Tribunal de Castilla y León tumbó en 2008 por carecer de respaldo científico y que se vuelven a quedar sin aval técnico.”

“…sacó a exposición pública un documento que incluye notas al margen de los autores. En la página 177, uno de ellos apunta: “Completar. Carlos se te ocurre cómo. No me gustaría copiar de la web”. Al final copió los siguientes párrafos. El informe incluye extractos hasta de la web El Rincón del Vago, entre otros muchos plagios.”

La cuestión plantea otros interesantes debates:

“Tira a la basura los dos años de trámites que Cotesa había iniciado y no es para menos. Tras el corta y pega descubierto, cualquier gestión queda en cuarentena. La pregunta ahora es si esto se habría evitado si en lugar de recurrir a una consultora externa hubieran sido los técnicos de la administración los encargados de hacer el trabajo. Todo estaría más controlado.”

No digo que un buen estudio, tomando en serio el impacto ambiental de la actuación, hubiese conseguido mostrar como admisible la estación de esquí. Al menos, hubiese evitado la polémica sobre la forma en que los políticos muestran su sensibilidad por el entorno natural y el modo en la que realizan una propuesta normativa de ordenación del territorio.

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29 abril 2009

CONAMA9: mis 15 minutitos de gloria

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Después de cada Congreso Nacional de Medio Ambiente, la Fundación CONAMA realiza un importante trabajo de recopilación y elaboración de documentación. Material que permite seguir paladeando el regusto del evento, profundizar en temas de interés, buscar información sobre cuestiones concretas o curiosear sobre aspectos desconocidos.

El lujo de haber podido participar en la Mesa sobre la aplicación de la Ley 27/2006 de acceso a la información ambiental y el placer de  compartir con un grupo lleno de pioneros en la materia, se completan con el orgullo de contar con mi propia ficha en la web del CONAMA.

Vídeo incluido (he tenido que utilizar VLC para abrirlo). Si vas a verlo te recomiendo que tengas cerca el documento de la ponencia, que incluye la presentación y algunas ideas que se quedaron en el tintero. También incluye algunas viñetas del maestro del humor sobre funcionarios, tal y como aprendí de otros que hablan sobre el tema. Esta ponencia se completa y amplía con la comunicación técnica “Modernización del Área de Información y Documentación Ambiental: SINA“. Las miradas furtivas en el vídeo buscan la complicidad de otros perpetrantes de ese documento.

Lo dicho, espero que disfruten… yo me voy a seguir buceando por la web de CONAMA, a ver si he quedado registrado en mi papel de ciudadano excéptico, soltando preguntas impretinentes. Esto… si encuentro alguno de esos vídeos… ya los enlazo otro día.

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15 abril 2009

Información Ambiental: acceso vs reutilización. Un caso concreto: EIA.

Otro ratito para la conversación sobre reutilización de información. Hoy sobre la pregunta de Emilio: ¿Cómo se casa esto con la Ley de acceso a la información ambiental? personalmente creo que hacen buena pareja, se me antojan fichas contiguas del mismo rompecabezas. Pero es mi visión subjetiva, puedo estar equivocado.

Desde la óptica de este ciudadano, el acceso a la información ambiental en poder de las autoridades públicas permitiría una mayor concienciación y educación ambiental, siendo un instrumento indispensable para intervenir con conocimiento de causa en los asuntos públicos (o algo así pone en la exposición de motivos de la Ley 27/2006). Del mismo modo, para los ciudadanos, el interés en la reutilización de la información generada desde instancias públicas es se debe a las posibilidades que ofrece en lo que a transparencia y participación democrática se refiere.

Pero los ciudadanos no son los únicos agentes afectados por estas normas. En el contexto de la sociedad de la información, la reutilización de la información se presenta como una oportunidad de negocio. Y por eso necesitamos unas reglas que garanticen un juego justo que, sobre todo, no pervierta las expectativas de transparencia y participación expresadas en el párrafo anterior.

Sin necesidad de nada de esto, la normativa sobre procedimiento administrativo común reconocía el derecho a copia sobre los documentos en poder de la Administración a los que un ciudadano tiene acceso. Las cuestiones pendientes eran ¿qué parte de esos documentos se puede reproducir? ¿qué se puede hacer el interesado con esas copias? alorza apunta una buena solución: la distinción entre datos y documentos.

Pero vamos a lo que habíamos venido, un caso concreto: evaluación de impacto ambiental (EIA).

En una aproximación grosera, la normativa establece, para el promotor que quiera desarrollar una nueva actividad, la necesidad de someterla a un procedimiento administrativo que incluye la evaluación de las repercusiones ambientales. Dicha evaluación se lleva a cabo sobre un estudio, elaborado a cuenta y riesgo del promotor de la actividad, que se somete a consultas previas de diversos agentes implicados, así como a información pública. Este paso tiene por objeto permitir la participación de ciudadanos y agentes interesados mediante la presentación formal de alegaciones a la documentación presentada por el promotor de la actividad.

Tradicionalmente, en la época oscura, la participación pública en estos procesos de toma de decisiones sobre cuestiones que afectan al medio ambiente estaba limitada por la posibilidad de consulta estos documentos, en formato papel, en los lugares y formas habilitados por la Administración competente. La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación están permitiendo, como resulta deseable, que la consulta de esos estudios pueda llevarse a cabo, cada vez más, a través de Internet. ¿Luz al final del túnel? Más flexibilidad de acceso permitiría una mayor transparencia y participación. Cualquiera podría leer la documentación y presentar sus alegaciones sin las tradicionales limitaciones debidas a la ubicación física y formato del estudio o los horarios de atención al público de la Administración.

Ahora el problema de la reutilización. Por ejemplo una organización de estudiantes de Ciencias Ambientales podría coger el propio documento sometido a información ambiental, despiezarlo en un wiki y preparar alegaciones punto por punto con la colaboración de otros estudiantes de otras materias abordadas en el estudio, asociaciones de afectados… También podría ocurrir que un profesor de la facultad presentase estos estudios en clase como ejemplos de buenas y malas prácticas a la hora de elaborar este tipo de estudios ambientales (bien pensado, el aura de clandestinidad que rodea esta sana práctica desaparecería y se perdería el encanto de estas asignaturas que dan acceso a documentos que solo algunos privilegiados pueden consultar, igual sería contraproducente).

Por otro lado, la disponibilidad en formato digital podría permitir, utilizando funciones básicas de cualquier procesador de textos, sustituir el nombre de la empresa, la ubicación… y utilizar el mismo documento que se presentó anteriormente. Esto no es sería ninguna novedad en un sector en el que el copy – paste está a la orden del día. El acceso, oportunidad para unos, se presenta como amenaza para otros.

¡Ojo! La transparencia que permite la facilidad de acceso y copieteo podría redundar en una mayor calidad de los trabajos relacionados con la evaluación ambiental, más y mejores puestos de trabajo, así como una mayor protección del medio y calidad ambiental de las actividades. Pero los incentivos perversos están allí: mayor carga de trabajo para la Administración encargada de tramitar las alegaciones, más pegas para el promotor de la actividad, menos ingresos para según que modelos de negocio de consultoría ambiental… En el caso particular de la evaluación ambiental, esta lista no exhaustiva de incentivos perversos es el mejor aliado para los que quieren poner puertas al campo de la información.

En resumen: el derecho de acceso a la información se fundamenta en un interés general de transparencia y participación democrática, mientras que el sistema de reutilización garantizaría que esa transparencia y esa participación no están condicionadas por intereses particulares. Todo ello con el máximo respeto a los derechos de todas las partes implicadas, con independencia de su capacidad monetaria o su poder político.

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7 abril 2009

Que no queremos reciclar, dicen

Según un titular de prensa “Los españoles no saben o no quieren reciclar”, lo que se me antoja una conclusión muy peregrina a la vista del dato:

“El 60% de los residuos sólidos urbanos que generó España en 2007 acabó en un vertedero”.

La gestión de residuos es un asunto tan complejo como apasionante, por eso interpretar los datos requiere poner un poco de atención.

Lo primero que podríamos cuestionar es, precisamente, los datos. ¿De dónde salen? ¿Cómo se calculan? Es relativamente sencillo encontrar cifras distintas para el mismo dato publicado por distintas fuentes. Un estudio bibliográfico nos permitiría ver la evolución de la tasa de generación de residuos, no sólo a lo largo del tiempo, también para un mismo año y territorio en diversas publicaciones. A partir de aquí cualquier afirmación sobre los datos hay que cogerla con pinzas. Vamos a lo que publica la prensa:

“A estos datos, publicados a principios de marzo por la oficina estadística de la UE (Eurostat), hay que añadir los del Plan Nacional Integrado de Residuos del Ministerio de Medio Ambiente, donde se advierte de que apenas el 14% de los residuos urbanos se arroja al contenedor apropiado.
El 86% restante se traslada, en teoría, a plantas clasificadoras, lo que demuestra que la separación en origen no funciona, pese a que los ciudadanos están concienciados con el reciclaje. O eso afirman. Según una encuesta efectuada en 2008 por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 95,5% de los españoles separa los residuos en su casa.”

En teoría, el 100% de los residuos depositados en un contenedor tiene que recibir algún tipo de tratamiento antes de llegar a vertedero. Esta separación 14 / 86 encierra alguna verdad a medias: el lugar al que lleven los camiones de recogida nuestra basura no dice nada de cómo la hemos depositado. Sin saber más sobre los datos, para manejarlos con propiedad bien estamos hablaríamos de un 14% de residuos que no entran en el sistema de recogida selectiva (no se depositan en contenedores), bien de que sólo el 86% de los residuos generados recibe tratamiento. En cualquier caso, concluir que la separación en origen no funciona, resulta algo precipitado.

Efectivamente, en un sistema basado en la recogida selectiva de residuos, un paso crítico pudiera ser depositar los residuos en los contenedores adecuados. Y si se detecta que esto no ocurre tenemos dos opciones, culpar a los ciudadanos o hacernos preguntas. Yo me planteo seriamente ¿por qué si el volumen que ocupan los envases en mi domicilio es más de la mitad del total de los residuos generados, cuando salgo a la calle encuentro un contenedor amarillo por cada tres de fracción “resto”?

“Y ni siquiera todo lo que se arroja en España a dichos contenedores es apto para el reciclaje: en los contenedores amarillos se tira un 25% de impropios (es decir, basura que debería ir por otro cauce), según la industria.”

Impropios… bonito palabro ¿qué es impropio? Básicamente, si tienes una botella de plástico y una rueda de un triciclo del mismo material, en el contenedor amarillo la rueda del triciclo será considerada impropio. ¿Por qué? Es una buena pregunta si nos planteamos que el reciclaje, técnicamente hablando, se fundamenta en las propiedades físico químicas de los materiales. La respuesta la encontramos en el aspecto monetario del asunto. El fabricante de la botella de plástico pagó un canon porque lo suyo era un envase, mientras que el de la rueda del triciclo no pagó ese canon. Y claro parece que los representantes de los fabricantes de envases no quieren reconocer como propios los residuos de otros.

De todos modos, ¿por qué las estadísticas publicadas en la prensa consideran impropios distintos residuos de productos del mismo material depositadas en el mismo contendor? La economía funciona a base de incentivos perversos, que afloran especialmente cuando la gestión de servicios públicos en infraestructuras construidas sobre la base del interés general se dejan en manos privadas. Pero esto también merece otro capítulo más detallado.

“En todo caso, y ante la duda, es preferible acudir a los puntos limpios que los ayuntamientos tienen habilitados para recuperar los residuos menos habituales, como baterías, fluorescentes, medicamentos, textil, madera, etcétera. O tirarlo al contenedor gris ya que, en principio, su contenido pasará por una planta clasificadora.”

Antes de comentar este punto conviene aclarar que los fabricantes de envases tienen un peso específico muy importante en la toma de decisiones en materia de residuos, especialmente en lo que al contenedor amarillo se refiere.

Siempre en teoría, los contenedores amarillos van a plantas destinadas a recuperar materiales como plásticos, metales… mientras que el otro contenedor, “el gris”, va a plantas destinadas a recuperar materia orgánica. Si tiras cualquier cosa en el contenedor gris puedes estar contaminando irreversiblemente el abono que se obtendría de la gestión, ecológicamente más adecuada, de la fracción orgánica de tus residuos. Pero eso a la prensa parece no importarle mucho: seguramente será motivo de bonitos y jugosos titulares en unos años.

“En las empresas que gestionan los residuos y en el Ministerio de Medio Ambiente se agarran a la evolución positiva de los datos para afirmar que las cosas se hacen bien si se tiene en cuenta que España se sumó al tren del reciclado bastante tarde, en 1997. Sin embargo, organizaciones ecologistas ven la realidad de otra manera. Desde Ecologistas en Acción se apunta a las Administraciones regionales y locales como responsables de los fallos del sistema y diferencian aquellas que sí presentan políticas proactivas para la gestión de residuos”.

Dime lo que valoras y te diré lo que mido. Supongo que los agentes privados que gestionan los residuos pueden justificar su trabajo de cara a Administración, pero ¿podemos encontrar datos trazables que nos indiquen cómo estamos en relación a los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de residuos? Me parece curioso lo fácil que es encontrar los planes de gestión de las distintas Administraciones con sus ambiciosos objetivos y sus atractivas dotaciones presupuestarias pero ¿dónde están los resultados y su análisis objetivo?

Volviendo atrás en el artículo leemos:

“La OCU asegura que sabemos dónde tirar un envase de vidrio, de papel o de plástico, pero cuando el residuo es otro, parece no estar tan claro: ¿dónde arrojamos un aerosol, una pila, un vaso roto o una bombilla fundida? El problema al que se enfrenta el ciudadano a la hora de separar su basura es el desconocimiento.”

Por triste que parezca, no es que el ciudadano no sepa separar su basura: en muchos casos no existe la posibilidad real de hacerlo.

Supongo que los que depositamos la basura cuando los contenedores están vacíos podemos elegir dónde colocar nuestras bolsas, pero ¿qué ocurre cuando uno acude a dejar sus residuos y el contenedor amarillo está lleno?

¿Han probado a llevar algo “raro” a un punto limpio? En algunos intentar depositar un CD o una cinta de cassette es todo un drama. De las radiografías o del delicado asunto de los medicamentos caducados mejor no hablamos.

Por otro lado, la práctica evidencia que no la separación domiciliaria no es imprescindible para el reciclado de los residuos. Países de nuestro entorno económico se han planteado en diversos momentos de su experiencia en gestión de residuos abandonar los sistemas de recogida selectiva, precisamente, por el coste que implica para los ciudadanos. Un coste que puede ser asumido tanto por los fabricantes de productos que con el uso se convierten en residuos (justo como se establece en la normativa vigente), como mediante el uso adecuado de los recursos disponibles en las administraciones públicas competentes en la gestión de residuos. Esto sería tema de una serie completa que iremos desarrollando.

Después de toda esta parrafada, me vas a permitir unas conclusiones, si has llegado hasta aquí lo mismo las estas buscando:

  • En general no podemos presumir de disponer de buenos datos en lo que a nuestra gestión de residuos se refiere. La trazabilidad de lo que se publica en diversos informes, incluyendo los “oficiales” es más que cuestionable. Y lo que de aquí salta a la prensa merece una aclaración del estilo “cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.
  • Hay muchas formas de interpretar los mismos datos. A la prensa suelen llegar las interpretaciones de los anunciantes y los amigos de los anunciantes, cuyo punto de vista no tiene por qué coincidir con el interés general o con la realidad del común de los ciudadanos.
  • Resulta muy significativo que en un artículo de prensa se hable del “contenedor gris” cuando existe un buen número de poblaciones que no tienen ningún contenedor de este color. ¿Se ha preguntado el periodista que publica la noticia cuantos tienen, si quiera, un sistema de recogida selectiva implantado?
  • Que el 60% de los residuos generados en España acabe en un vertedero no es culpa de los españoles, de su voluntad o de su nivel de formación en materia de residuos.
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15 enero 2009

Religión y datos de carácter personal.

Cuando habla sobre las dificultades de la aplicación de la normativa de acceso a la información ambiental, Francesc pone el ejemplo de la pareja que le pregunta que tiempo hará el día de su boda. ¿Qué tratamiento damos a una solicitud en la que se habla de las creencias religiosas del interesado?

La Constitución Española garantiza la libertad religiosa y de culto. La normativa de protección de datos de carácter personal considera, entre otros, la religión que profese cada uno como dato especialmente protegido.

Con la polémica de los anuncios en los autobuses, los medios de manipulación de masas y la web 2.0 se están llenando de información sobre las creencias religiosas del personal. Por supuesto, en la mayoría de los casos, información revelada de forma voluntaria. Hasta aquí todo bien. Lo que me ha llamado la atención es la cantidad de personas que se declaran “ateas” y que, en realidad, están aprovechando para dar caña gratuita a la Iglesia Católica a cuenta de la campaña publicitaria de la Iglesia Evangélica. Me inquieta (más que el asunto de las sinergias y la información emergente) la forma en la que estamos permitiendo que nuestros periodistas vacíen de contenido palabras como “fanático”, “tolerante”, “respeto”, “libertad”,…

Los titulares sobre las caceroladas en Rivas – Vaciamadrid me han recordado la anécdota que contaba una persona sobre la sensibilidad que había adquirido en relación a la causa palestina gracias a las monjas del colegio religioso en el que estudiaba que la obligaron a rezar en protesta por uno de los episodios de la guerra entre judíos y palestinos y para pedir que la masacre no extendiese a escala mundial.

Resumiendo: que si necesitas información meteorológica pregunta a la Agencia Estatal de Meteorología. Recuerda que un pronóstico es sólo un pronóstico.

Y si solicitas información ambiental a una autoridad pública, evita añadir datos sobre creencias religiosas, ideología política… no aportan nada y complican el tratamiento de tu consulta.

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12 enero 2009

Información ambiental para todos

Filed under: Información Ambiental — alvizlo

El acceso a la información ambiental se ha configurado como una premisa necesaria para poder hacer efectivos el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo.

Así se recoge en el texto del Convenido de Aarhus

Reconociendo que, en la esfera del medio ambiente, un mejor acceso a la información y una mayor participación del público en la toma de decisiones permiten tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente, contribuyen a sensibilizar al público respecto de los problemas ambientales, le dan la posibilidad de expresar sus preocupaciones y ayudan a las autoridades públicas a tenerlas debidamente en cuenta.

Y así lo refleja el artículo 3 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

En la norma se establece que todos podrán acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas.

Y dice “todos”. Sin hablar de organizaciones ecologistas, asociaciones legitimadas, personas con la condición de interesado… “todos”.

Es más, esos “todos” ni si quiera están obligados a declarar un interés determinado en el ejercicio de su derecho de acceso a la información ambiental. Bonito ¿verdad? Si pido información ambiental no tengo que alegar un interés, una finalidad o ni decir para qué voy a emplear esa información. Todos pueden acceder a la información ambiental sin justificar para que la quieren.

Esos “todos”, también según la Ley 27/2006, lo son cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede.

Información ambiental para todos. Por supuesto, siempre dentro de los límites que marcan la ley y el orden.

Artículo 3. Derechos en materia de medio ambiente

Para hacer efectivos el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, todos podrán ejercer los siguientes derechos en sus relaciones con las autoridades públicas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y con lo establecido en el artículo 7 del Código Civil:
1) En relación con el acceso a la información:
a) A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello estén obligados a declarar un interés determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede.

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23 diciembre 2008

Participación Informe Cumplimiento Convenio Aarhus

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Se está elaborando el Informe Nacional de Cumplimiento del Convenio “de Aarhus” sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente:

“A fin de contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar, cada Parte garantizará los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales de conformidad con las disposiciones de la presente Convención.”

En plenas vacaciones estivales se realizó una primera etapa, cuyo resultado, tal y como se recoge en el borrador, indica que:

“…la participación directa de los ciudadanos en general y de las asociaciones y ONG ha sido limitada en esta primera consulta.”

El borrador resultante de la consulta veraniega, incluyendo la píldora citada, se somete a consulta pública para que se puedan formular las observaciones y comentarios que se estimen oportunos en relación con la forma en la que han cumplido el Convenio las Administraciones públicas afectadas.

Podemos hacer dos lecturas (o más) de la frase. Una sobre lo contento que está todo el mundo sobre la forma en la que se está dando cumplimiento al Convenio de Aarhus. Otra, un poco menos rosa, sería atribuir parte de la “limitada” participación en este proceso se debe al escaso conocimiento que los ciudadanos tenemos del citado Convenio y sus implicaciones.

El profesional de la información ambiental que llevo dentro se siente un poco culpable y le surgen algunas dudas que le parecen razonables. ¿Por qué una consulta sobre el cumplimiento de aquel objetivo tan utópico genera una “participación limitada” por parte de los ciudadanos, sus asociaciones y las ONG? ¿Es necesario revisar los procesos de participación pública? ¿Es accesible a los ciudadanos la información ambiental disponible en Internet? ¿Realmente están garantizados los derechos de acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente?

Si tienes interés en participar ya sabes:

“El plazo para presentar alegaciones u observaciones será de un mes y medio a partir de la fecha de publicación del citado borrador, concluyendo el día 26 enero de 2009, y habrán de enviarse a la dirección de correo electrónico que se indica a continuación: buzon-aarhus@mma.es”

Si estás en la creencia de que esto del acceso a la información y la participación en materia de medio ambiente ni te va ni te viene, te recomendaría dos interesantes lecturas sobre el Convenio de Aarhus y su aplicación práctica son las guías elaboradas por el Gobierno Vasco derecho a conocer y derecho a participar. También está bien la Guía sobre el Acceso a la Justicia Ambiental.

Para ampliar sobre el tema son más que interesantes las presentaciones de la Mesa Redonda Aplicación de la Ley 27/2006 de acceso a la información ambiental.

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2 diciembre 2008

MR-INFO. La mesa.

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Hoy ha sido el gran día para la Mesa Redonda “Aplicación de la Ley 27/2006 de acceso a la información ambiental”, conducida por Fernando Alonso-Pastor del Coso, sus casi 20 años de experiencia en información ambiental y las tablas adquiridas durante una larga trayectoria de participación activa en el Congreso Nacional de Medio Ambiente. Es de agradecer el esfuerzo que los pioneros hacen por que la chispa siga viva y por integrar a todos los agentes en un caminar en el que el riesgo de dejar a alguien rezagado sería inasumible.

La exposición se ha dividido en dos partes.

En la primera José Antonio Razquin Lizarraga nos ha introducido el marco jurídico de participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, reflexionando sobre nuevo enfoque que supone en la forma de contemplar los derechos ciudadanos en sus relaciones con la Administración.

José Abellán Gómez nos ha traído la experiencia del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, presentando las abrumadoras cifras que maneja esta Administración en relación al volumen de solicitudes. También ha presentado, sin entrar en detalles, el reto que supone el informe de cumplimiento del convenio de Aarhus.

Para finalizar este primer grupo de intervenciones Lucía Casado Casado ha repasado la jurisprudencia, escasa, existente en la materia y que explora la frontera difusa de la aplicación de la Ley 27/2006, como qué es o no información ambiental y otros aspectos prácticos en el límite contra el que cotidianamente nos encontramos los distintos agentes que tratamos la materia.

La segunda parte ha tratado de dar una visión, todavía más práctica, centrada en experiencias concretas:

Sonia Morell Gallego ha compartido la de la Agencia Catalana del Agua, con la dificultad de identificación de las solicitudes de información ambiental frente a otras de otro tipo y las implicaciones de aplicar o no el procedimiento administrativo común en la tramitación de algunas solicitudes en función de casos concretos.

Mª José Blázquez Calzada ha expuesto el proceso de elaboración de listados de autoridades públicas y la metodología seguida en la Junta de Andalucía para dar cumplimiento a este requisito específico de la Ley 27/2006.

Los nervios y las prisas me han llevado a hacer una revisión demasiado superficial de lo que supone la puesta en marcha de los mecanismos de cumplimiento de la Ley 27/2006 para una unidad de la Administración especializada en información ambiental. En este punto es de agradecer el apoyo de la mirada cómplice de las compañeras del Área de Información y Documentación Ambiental. Sin el respaldo del equipo humano nadie podría sentirse orgulloso del privilegio de subir a presentar experiencias de aplicación de las áridas normas que dan sentido a nuestro trabajo.

Víctor Navazo López ha presentado el compromiso de Red Eléctrica en la creación de procesos de participación ambiental para conseguir una mejora efectiva sobre la implantación de infraestructuras lineales frente a la expresión de malestar en la que suelen convertirse los periodos de alegaciones.

Han cerrado la mesa, poniendo el contrapunto de la visión desde el ecologismo Jaime Doreste Hernández de Ecologistas en Acción y Aida Vila Rovira, de Greenpeace España. Han puesto sobre la mesa la queja amarga sobre lo que perciben como triquiñuelas para pervertir el sistema: respuestas ambiguas, excesivamente genéricas, formatos caros y poco útiles…

El material de la mesa, para quien quiera profundizar en el tema, formará parte de la documentación final del CONAMA, en la que, como en cada edición, encontraremos literatura para seguir alimentando debates hasta la próxima cita.

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27 noviembre 2008

Información Ambiental: preguntas para una mesa redonda

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Seguimos con el sarao del próximo lunes. Los 10 minutos de gloria que me tocan pretenden abordar la práctica de la información ambiental desde el punto de vista de la Administración Pública. Para ello plantearemos algunas preguntas e intentaremos aportar datos como complemento a respuestas teóricas y jurídicas:

  • ¿Qué es información ambiental?
  • ¿Quién la solicita?
  • ¿Cómo se accede?
  • ¿Qué respuesta obtiene?

La presentación pretende ser una foto fija de lo que está ocurriendo en este momento en relación a la aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

El objetivo es traer al debate otras preguntas cuyas respuestas no siempre es fácil encontrar en textos normativos, manuales de buenas prácticas o datos estadísticos.

  • ¿Quiénes somos?
  • ¿De dónde venimos?
  • ¿A dónde vamos?

Para evitar vaciar de contenido estas cuestiones tan trascendentales, he salpicado la presentación con algunos retos, muchos de ellos crudos en el ámbito de la información y participación ambiental. Ya los iremos cocinando.

Eso sí, para evitar el vértigo que podría causar la sensación de velocidad, la presentación se cierra con la recopilación de algunas iniciativas camino de una información ambiental proactiva. Pequeños pasos para un largo viaje.

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